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La ley sobre la neutralidad religiosa y el debate sobre la laicidad en Quebec

La provincia canadiense aprobó una ley para brindar y recibir servicios públicos con el rostro descubierto. Seguridad, laicidad, libertades individuales e islamofobia se han puesto a discusión en este episodio.

El gobierno del primer ministro quebequense Philippe Couillard provocó algo que se da en poquísimas ocasiones: una rechifla generalizada por parte de actores políticos y sociales –dentro y fuera de la provincia–, aunque por distintas razones. El 18 de octubre, los diputados del Partido Liberal aprovecharon su mayoría en la Asamblea de Quebec para aprobar la “Ley sobre la neutralidad religiosa”, más conocida como Ley 62, la cual contempla que se debe tener el rostro descubierto para brindar y recibir servicios públicos. Unos juzgan la medida como tenue, blandengue de espíritu y cómica en su aplicación; otros la ven como un ataque a las libertades individuales y con especial dedicatoria a algunas mujeres musulmanas.   

En un principio, el gobierno de Quebec, a través de la ministra de justicia Stéphanie Vallée, manifestó que esta ley busca proteger la neutralidad religiosa del Estado y velar por la seguridad ciudadana. Los periodistas –como cualquier persona con dos dedos de frente– preguntaron si es una medida pensada para las mujeres musulmanas que portan burka o niqab. Vallée dijo que no necesariamente, ya que también se puede aplicar a individuos que lleven anteojos de sol o pasamontañas. Las risas no fueron pocas. La Ley 62 se aplicará en hospitales, escuelas, medios de transporte y bibliotecas.

Los diputados de oposición no han sido avaros en adjetivos hacia esta iniciativa, ya que consideran que su aplicación es irrealista (la policía no puede intervenir, por lo que el gobierno hace un llamado a la voluntad de funcionarios y usuarios) e incluso, piensan que se debería ir más allá. Por ejemplo, prohibir el uso de símbolos religiosos visibles en figuras de autoridad (jueces, personal penitenciario, policías) o, de plano, no permitir burkas o niqabs en espacios públicos.

Las críticas hacia la Ley 62 han sido también numerosas por otras razones. Los colectivos políticos de izquierda de Quebec y diversos organismos comunitarios la ven como una expresión de islamofobia y como una exageración. Algunos medios afirman que alrededor de 50 mujeres usan el niqab en toda la provincia; de burkas solo hay sospechas. Alcaldes y dirigentes sindicales han declarado que no acatarán la medida. Asimismo, varios ciudadanos utilizaron el transporte público de Montreal con el rostro cubierto, como forma de protesta.

Las reacciones negativas se han dado también fuera de Quebec. Por ejemplo, la Asamblea de Ontario condenó por unanimidad esta ley. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, fue cauteloso en un principio, al comentar que respetará las decisiones que tomen las diferentes asambleas provinciales. Después subió el tono: “Sé que la gente espera que defienda la Carta canadiense de derechos y libertades. El gobierno va a estudiar detalladamente lo que se propone y vamos a tomar las responsabilidades necesarias”. La paradoja no es menor: Trudeau está en un embrollo causado por el Partido Liberal de Quebec, tradicionalmente aliado de sus proyectos.

Frente a la ola de señalamientos, la ministra Vallée hizo algunas precisiones el pasado 24 de octubre: las personas solo deberán exhibir el rostro descubierto al momento de solicitar servicios; existe la posibilidad de hacer peticiones individuales para evaluar alguna excepción; el gobierno promoverá recursos ante los tribunales en caso de que sea necesario forzar la aplicación de la ley (hasta hoy no se contemplan multas); y, de igual modo, la medida busca aumentar la seguridad y favorecer la comunicación. Así, el gobierno moderó el tono respecto a la dimensión religiosa, no se pronunció sobre el uso de niqabs o burkas como símbolos de opresión o de libertades ciudadanas, abrió la puerta a excepciones y, además, subrayó que el tema debe ser promovido desde la buena voluntad de funcionarios y usuarios. Las opiniones negativas prosiguieron a pesar de las precisiones.

En 2004, el gobierno francés prohibió la exhibición de símbolos religiosos (velos islámicos, grandes cruces, kipás) en colegios públicos. Se temía en esa época una reacción mayúscula por parte de distintas comunidades y, de igual manera, una menor presencia de mujeres musulmanas en instituciones educativas. Al inicio del calendario escolar de 2004 se reportaron 693 casos de infracción; al año siguiente fueron únicamente tres. No obstante, el número de alumnas musulmanas en instituciones privadas, donde la medida no tiene validez, ha aumentado .

En 2011, Francia dio el paso siguiente al no permitir burkas y niqabs en espacio púbico alguno. Con los años, dos elementos se han manifestado sobre la segunda ley: ésta se aplica en muy pocos casos (algunos controles de identidad y multas, pero hasta ahí) y, a su vez, varias mujeres que antes no utilizaban el niqab comenzaron a portarlo de forma reivindicatoria, como un gesto de protesta ante lo que consideran una intromisión del Estado francés en sus libertades. El tema de la laicidad no ha quedado zanjado en Francia a pesar de las disposiciones gubernamentales. Otros países, como Bulgaria y Bélgica, han prohibido también burkas y niqabs fuera de los cotos privados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado esta interdicción, no por razones de seguridad sino para favorecer la convivencia. 

No tardarán en llegar los recursos ante los tribunales como resultado de la Ley 62, bajo el argumento de que es una violación a la Carta canadiense de derechos y libertades. El gobierno quebequense ha manifestado que se contemplaron distintos parámetros en la elaboración de esta medida para resistir cualquier intento de freno judicial. Queda por ver quién saldrá victorioso. Cabe señalar que a diferencia de la République, donde prima el principio de igualdad entre los ciudadanos sin distinción étnica, religiosa o cultural, Canadá se rige por el multiculturalismo –promovido con fuerza por Pierre Elliott Trudeau y defendido por su hijo–, que toma en cuenta la diversidad y las distintas expresiones de las minorías bajo el cobijo de la Carta canadiense de derechos y libertades.

A este respecto, la Ley 62 y sus distintas críticas ponen de manifiesto las diferencias entre Quebec y el resto de Canadá sobre asuntos vinculados con la identidad. El multiculturalismo levanta ámpulas entre muchos quebequenses, ya que piensan que minimiza su bagaje histórico y cultural (tampoco es bien acogido entre los pueblos indígenas). Asimismo, la provincia francófona estuvo sometida durante siglos a un fuerte dominio de la jerarquía católica (que concluyó con la denominada “Revolución Tranquila”), por lo que la laicidad no es tema menor. De hecho, Quebec vive debates sobre la presencia de símbolos religiosos fuera de la esfera privada desde hace varios años. Eso sí, los liberales se opusieron a que el crucifijo que cuelga en la Asamblea de Quebec sea retirado; dicen que forma parte del patrimonio cultural e histórico de la provincia.

Hay un elemento que explica en gran medida la promulgación de la Ley 62: las elecciones provinciales de 2018. El Partido Liberal de Quebec no aparece muy favorecido en las encuestas, por lo que esta ley huele a estrategia electoral, ya que busca ganar simpatías respecto al tema de la laicidad entre los seguidores de otros partidos, específicamente la Coalición Avenir Quebec (agrupación de derecha) y los sectores duros del Partido Quebequense (la principal fuerza independentista). Habrá que ver qué tantos votos cosecha esta estrategia, pero al ser percibida como dubitativa en sus fundamentos y de difícil aplicación, el escenario para los liberales no parece muy prometedor.