artículo no publicado

El problema es más grande que Napoleón

La lucha por la libertad sindical incluye garantizar la autonomía, el respeto a las decisiones de los miembros de los sindicatos. Esta no se alcanza otorgándoles senadurías a los nuevos amigos, sino renunciando a la actuación discrecional desde el gobierno.

A lo largo de 2013, la dirigencia del sindicato minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, inició una “ofensiva carismática” (o charm offensive como se dice en inglés canadiense) para acercarse a la administración de Enrique Peña Nieto. Esta incluyó una reunión, el 3 de julio de 2013, del señor Sergio Beltrán, secretario de Actas y del Exterior del sindicato, con el entonces secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en la que el dirigente minero declaró que “a partir de hoy, seremos aliados de este nuevo modelo económico y de este gobierno; no sólo colaboraremos, sino que trabajaremos hombro con hombro con la disciplina que caracteriza a nuestro sindicato.’’ Por su parte, quizá menos efusivo, pero no menos disciplinado, el secretario del Trabajo le aseguró a la dirigencia minera que el gobierno de Enrique Peña Nieto “no tiene ningún afán persecutorio de carácter político” contra el líder minero en el exilio, aunque admitió que por ahí quedaba algún asuntillo legal por resolver. 

Priista de toda la vida, Napoleón debió pensar que el regreso a la presidencia de su partido le abriría las puertas del retorno a México y la normalización de las relaciones entre el gobierno federal y su sindicato. Por alguna razón u otra, la administración de Peña Nieto no acusó recibo del entusiasmo de la dirigencia minera y la reconciliación del dirigente con su partido no se llevó a cabo. 

La experiencia del sindicato minero desde su fundación hasta la fecha, incluyendo su reciente acogida en las filas de Morena, ilustra una de las principales características de la relación entre gobiernos y sindicatos en México: la absoluta discrecionalidad gubernamental para reconocer o negar la interlocución de los sindicatos. A través de todas las argucias que la ley les permite a las autoridades del trabajo, desde el otorgamiento de la “toma de nota” a las dirigencias laborales, la calificación de las huelgas, el control de los registros sindicales y el acceso a los contratos colectivos de trabajo, el gobierno mexicano determina quién sí y quién no puede sentarse a la mesa de la negociación laboral. 

El sindicalismo históricamente independiente, como el que por varias décadas representó el Frente Auténtico del Trabajo y que conformó unas de las corrientes fundadoras de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sabe muy bien qué significa vivir por fuera del abrazo del poder. Cada registro sindical, cada toma de nota, cada huelga que estalla representa para estos sindicatos una larga y costosísima batalla contra el poder combinado de empresarios, gobiernos, charros sindicales y sindicatos de protección. Son victorias a la larga pírricas, porque la discrecionalidad gubernamental garantiza que las mismas fuerzas se volverán a coaligar en cada revisión contractual o en una nueva intentona de charrazo. 

Sin embargo, debe ser más difícil aún para las dirigencias sindicales que de improviso caen de la gracia del gobierno y pasan, de manera obligada, a las filas de los indeseables sindicales. Protegidos por el manto de la discrecionalidad de las autoridades del gobierno, que en los años amables les admiten todo emplazamiento de huelga, entregan sin tardanza cada toma de nota, dan trámite inmediato a los juicios de titularidad, de pronto estos sindicatos se topan con la pared infranqueable del autoritarismo laboral mexicano. 

El ascenso de Napoleón Gómez Urrutia a la secretaría general coincidió con la pérdida de respaldo político de su organización. El minero fue uno de los sindicatos más castigados por los gobiernos panistas debido a su ubicación en uno de los sectores más estratégicos de la economía. Mientras que las últimas administraciones priistas del siglo XX vieron en el sindicato minero un aliado para su programa de privatizaciones en la industria minero-metalúrgica, el panismo recién encumbrado en el poder no tuvo interés en mantener esa alianza. Hay que insistir en esto. La administración de Fox no tuvo empacho en preservar todas las prerrogativas de las aún más impresentables CTM, CROC y demás vestigios del más rancio charrismo sindical, pero con el sindicato minero no tuvo la misma generosidad. 

Para Napoleón, la estrategia durante las administraciones panistas fue básicamente la resistencia, en la que, hay que decirlo también, las bases mineras han desplegado un temple heroico frente a una represión que les ha costado muertos y heridos. En la presente coyuntura, la táctica de la dirigencia es la misma que en 2013: la obtención de cobertura política. 

Esto es lo que López Obrador, a diferencia de Peña Nieto, le acaba de ofrecer al dirigente minero: el respaldo de un gobierno aliado. El problema es que la generosidad de Morena deja sin tocar el meollo del asunto: la discrecionalidad del gobierno para admitir dirigencias sindicales en su seno y marginar a los malquerientes. No hay nada en los discursos de bienvenida de Morena, ni en su reescritura de la historia minera, que señale un compromiso para desmantelar los pilares institucionales y extralegales de control sindical del estado mexicano. No hay ninguna referencia a las demandas históricas de transparencia, democracia y libertad sindical.

Y esta omisión es particularmente preocupante dada la gran cantidad de viejos luchadores por la libertad sindical presentes en las filas del partido de López Obrador. Luisa Alcalde e Irma Sandoval son herederas de valiosísimas memorias familiares sobre la importancia de garantizar la democracia interna de los sindicatos, el derecho a la auténtica negociación colectiva y la libertad sindical. Paco Ignacio Taibo II escribió la historia entrañable del Poder Obrero que los trabajadores de Spicer construyeron en 1975 frente a la infiltración de esquiroles y golpeadores del sindicato minero de Napoleón Gómez Sada. 

Todos ellos han sabido siempre que la lucha por la libertad sindical incluye garantizar la autonomía sindical, entendida no como la ceguera autoinducida frente a las tropelías de los charros afines, sino como el respeto irrestricto a las decisiones de los miembros de los sindicatos, desde la constitución de sus organizaciones hasta el ejercicio de sus derechos constitucionales a la negociación colectiva y a la huelga. Esta autonomía sindical no se alcanza otorgándoles senadurías a los nuevos amigos, sino renunciando a la actuación discrecional desde el gobierno. ¿Quién dijo yo?