artículo no publicado

La política cultural y sus reyertas

La política cultural es la parte de gestión de gobierno que se orienta a preservar el patrimonio cultural y fomentar las artes de un país. No parece haber mayor problema para justificarla: se supone que el arte es significativo para el solaz, la formación y la sociabilidad del individuo; que el patrimonio cultural común y determinadas creaciones refuerzan la cohesión social y brindan orgullo a los ciudadanos, y que la producción y el consumo cultural pueden contribuir al desarrollo económico. Este consenso aparente se complica por diversas razones: ya sean las discrepancias que generan los diferentes conceptos de cultura, ya sean los cuestionamientos desde distintos enfoques a los recursos destinados a este rubro, ya sean las demandas excesivas a las que se ve sometida la política cultural. Así, bajo el acuerdo idílico que genera la palabra “cultura”, existe un enconado debate sobre la legitimidad y las orientaciones de la política cultural.

La política cultural se inscribe en los organigramas y adquiere valor estratégico en el siglo XX. Dicha política cumple diversas funciones que van desde la simple afirmación de la especificidad cultural de un país hasta el proselitismo y se vuelve relevante en los regímenes autoritarios, o en las naciones en formación, donde se utilizan los poderes persuasivos de la historia y de las artes para inducir lealtades en torno a un proyecto político. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política cultural adquiere mayor importancia en los esquemas de gobernabilidad interna, diplomacia y seguridad de las naciones; refleja el equilibrio geopolítico de la Guerra Fría y el clima de la descolonización y es utilizada como instrumento en la lucha ideológica al interior y entre los países. Por ejemplo, en Estados Unidos la política cultural llega a concebirse como una defensa de la democracia frente al totalitarismo; en Francia, como una defensa de la cultura clásica europea no sólo frente al totalitarismo sino frente a la cultura de masas norteamericana; y en muchas naciones del entonces llamado Tercer Mundo, como un instrumento para combatir el imperialismo y promover cohesión en torno a proyectos nacionalistas.

En México, después de la Revolución, el Estado encarnó como el protagonista mayor de la cultura y la usó como un medio de cohesión social, legitimación y proyección del régimen. Con la impronta del discurso vasconcelista, que combina el activismo educativo, la movilización y la propaganda con el fomento a las artes, la política cultural posrevolucionaria tuvo logros importantes. Es de pensarse que si el concepto de cultura no hubiera adquirido un papel tan importante en la generación del consenso y la construcción de imagen no se hubieran logrado la edificación de instituciones e infraestructura culturales sin paralelo en otros países de desarrollo similar. Durante mucho tiempo subsistió la retórica vasconcelista en la política cultural: el Estado era el regenerador del alma nacional, el gran productor de cultura y el único empresario cultural que no aceptaba competencia (lo que sin duda influyó en la atrofia de las empresas culturales privadas). Esto se refleja en la longevidad del discurso nacionalista, en la filia por los proyectos faraónicos y por las dinámicas farandulescas y en las fallas en los circuitos más modestos de promoción, difusión y creación de públicos. Por lo demás, como política pública, la cultura fue mucho menos racional y sujeta a escrutinio que otras, lo que implicó arbitrariedad en la asignación y ejercicio de los recursos, falta de dirección de los esfuerzos y formación de leyes de hierro burocráticas.

Después del 68, el discurso cultural comenzó a fragmentarse, y frente a las grandes síntesis culturales que se esbozaban en pos de la unidad nacional, se consolidó la tendencia a representar la pluralidad y diversidad de identidades, nacida de la nueva realidad de la urbanización, los movimientos étnicos y los cambios poblacionales. Igualmente, hacia los ochenta, en parte por las crisis económicas, tiende a instaurarse gradualmente una perspectiva de las posibilidades del consumo y la inversión cultural en el desarrollo económico. Adicionalmente, la evolución de las industrias culturales y el auge de las nuevas tecnologías introduce nuevas prácticas y agentes en el medio cultural. Actualmente, por la diversidad cultural del país, por la profusión de grupos de interés, por la emergencia de nuevas expresiones y prácticas artísticas, la política cultural mexicana está sometida a demandas múltiples y muchas veces contradictorias.

La creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en 1988 implica un pacto institucional que nace, paradójicamente, del intento de un régimen cuestionado para promover una nueva visión de la cultura y generar un acercamiento con el estamento intelectual. El Conaculta surge para coordinar las políticas y los organismos culturales y administrar los patrocinios que otorga el gobierno federal en esta materia. El actual Conaculta coordina un emporio cultural formado por instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y su amplio patrimonio arqueológico y artístico. Además, coordina la televisión y la radio culturales de Estado, estudios y escuelas de cine, sistemas de bibliotecas, una dirección de publicaciones y una red de librerías, festivales, centros de educación artística y otros espacios culturales.

El Conaculta ha servido para mejorar la coordinación y actualizar el discurso del Estado en materia de instituciones culturales; fortalecer la descentralización; establecer una administración menos discrecional de los apoyos y subvenciones a la creación a través del Fonca; avanzar gradualmente en la profesionalización y modernización administrativa y crear nuevas modalidades de política cultural en conjunto con otros actores privados y sociales. Sin embargo, muchos de los añejos lastres de la política cultural aún no han logrado superarse. Más allá de errores monumentales, como la Biblioteca José Vasconcelos, persisten problemas para la preservación e investigación de los patrimonios; los rezagos en la sistematización y competitividad de la educación artística; la concentración de la infraestructura y oferta cultural y la carencia de esquemas modernos para estimular e incorporar la actividad cultural al mercado. Así, disciplinas y tradiciones creativas (el cine, la actividad editorial) pierden presencia y se estancan, en parte por la falta de reglas de competencia e incentivos para su autosustentabilidad en el mercado; se estrecha el espectro de oferta de propuestas y disciplinas y se reducen públicos culturales. Por supuesto, estos fenómenos no pueden atribuirse únicamente a una política cultural y responden a las sucesivas crisis económicas, al impulso avasallador de las grandes empresas culturales y a las deficiencias generales de la política educativa. Sin embargo, un mejor diseño de la política cultural podría mitigar el impacto de estos hechos sobre la cultura. A continuación, cabe mencionar, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las que considero las principales tribulaciones de la política cultural.

Patrimonio. De acuerdo con las visiones más radicales de los estudios culturales, el patrimonio sería la porción selecta de un conjunto de monumentos, obras, lenguas y costumbres que el Estado escoge para que represente una idea de nacionalidad. El patrimonio cultural mexicano comprende múltiples herencias, no pocas veces conflictivas, y su rescate mismo genera dilemas y polémicas e implica una obligación de reconocimiento, apertura y tolerancia. El patrimonio cultural, tangible e intangible, aparte de su importancia histórica y política, es un recurso intergeneracional muy rentable. Si se atiende a las cifras, el país cuenta con un considerable acervo del activo llamado patrimonio y, por ejemplo, México posee el sexto lugar en la lista de patrimonio mundial de la unesco. A ello se suman los más de mil museos, los más de 100 mil monumentos con valor histórico y artístico y el amplio catálogo de lenguas, tradiciones, músicas, gastronomías, artesanías, indumentarias y otras expresiones de diversidad. Con todo, el anacronismo y la maraña jurídica de la organización cultural, propician un inconcebible atraso en tareas de inventarios, registros, investigación, difusión y promoción del patrimonio. El propio Conaculta reconoce la dificultad del INAH para resolver conflictos de territorialidad, protección jurídica, sustentabilidad ecológica, conservación técnica y actualización museológica. Igualmente, el INBA enfrenta problemas para consolidar su tarea de registro y catalogación y para proteger el patrimonio histórico y artístico, sujeto al ritmo y los intereses de un desarrollo urbano acelerado.

Patrocinios. ¿Cómo justificar, en una sociedad con altos índices de pobreza, el apoyo a un gremio y a una actividad determinada? ¿Cómo elegir qué actividades apoyar? Para muchos, los subsidios implican un paternalismo que restituye la relación privilegiada entre intelectual y Estado y trastoca el proceso de “selección natural” del artista. El papel de los patrocinios se justifica para promover esas obras para las que no existen incentivos privados, dada la poca redituabilidad inmediata de muchas actividades culturales exigentes o experimentales. El Fonca surgió como una instancia para administrar con mayor orden y nitidez los apoyos otorgados por el Estado a la creación y utiliza una porción no menor del presupuesto del Conaculta para apoyar a unos millares de becarios, lo que implica una alta proporción de recursos que debe legitimarse con transparencia y resultados. En sus primeros años, el Fonca, debido a la falta de reglas, funcionó con opacidad y hubo notorios abusos y cuotas de poder. Esto ha ido subsanándose en parte por la protesta de la comunidad cultural (una protesta que, desgraciadamente, muchas veces se limita a la rabieta del que no fue recompensado y a su silencio aquiescente cuando le toca ser reconocido). Es importante que, como ha ocurrido, el apoyo al arte se determine por la propia comunidad artística, pero con una serie de candados que eviten arbitrariedades y garanticen su imparcialidad. Además, los patrocinios deben legitimarse ante la sociedad como una inversión estratégica en la investigación y el desarrollo creativo y deben acompañarse de una corresponsabilidad del beneficiario en la generación de resultados. Si bien la asignación de becas y apoyos es cada vez menos controvertida, aún puede mejorarse la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo poniendo a disposición de cualquier interesado los informes y resultados concretos de cada beneficiario de un apoyo.

Infraestructura y oferta cultural. Para las grandes mayorías, la vida cultural se encuentra circunscrita a los medios y en particular a la televisión abierta, pues la infraestructura y oferta culturales se concentran en unos cuantos espacios. Al respecto, es importante lograr una extensión de la infraestructura cultural que extienda las oportunidades de formación y entretenimiento a públicos más amplios. En particular, conviene equilibrar el fomento silencioso de largo plazo (mediante infraestructura, capacitación y educación artística) que genera gradualmente públicos y talentos, con el impacto y notoriedad de corto plazo que producen los festivales, ferias y grandes exposiciones. La utilización de encuestas de consumo cultural, consultas culturales, censos y otro tipo de indicadores pueden contribuir a diseñar una oferta pertinente para diversos segmentos. Ampliar los perfiles del público (que es mayoritariamente urbano y de clase media) enriquece la apreciación y favorece una recepción más crítica y plural de los productos culturales. Además, la formación de nuevos públicos, particularmente en la población de bajos recursos, abre perspectivas inusitadas para el individuo y significa una forma concreta de inclusión. Particular atención merecen los fenómenos de la lectura y el libro, pese a la extensión masiva de la educación y los esfuerzos de promoción, el consumo de libros es mínimo y no existe una familiaridad con la lectura, aun en los círculos letrados. Acaso, como algunos sugieren, más que formar un hipotético lector masivo, se deberían concentrar esfuerzos en mantener y ampliar gradualmente el segmento de lectores. Ello implica reforzar el mercado del libro más allá de la actual concentración y facilitar la existencia de editoriales y títulos alternativos, librerías, bibliotecas y puntos de lectura. Por lo demás, pese a la desconfianza del canon, preservar en las publicaciones del Estado una oferta que asegure la diversidad y que haga disponible aquello que el “hábito inteligente” ha sancionado permite contrastar la actualidad con el peso de la tradición e introducir matices de oferta que el mercado no está dispuesto a incluir.

Empresas culturales. La cultura tiene un potencial económico significativo y su usufructo puede aportar a la producción y exportación de bienes, a la generación de empleo en el sector cultural, a la atracción del turismo y a la regeneración urbana y rural mediante barrios artísticos, clusters culturales y otros espacios de encuentro cultural. La imaginación y creatividad en el diseño de medidas fiscales, de derechos de autor, de regulación y de competencia son básicas para avanzar en la tarea de promover empresas culturales, bajo la filosofía de incorporar y no apartar del mercado.

Modernización administrativa. El rezago administrativo genera dudas sobre la eficiencia en el ejercicio de los recursos, resta legitimidad y vuelve más vulnerable la política cultural ante las tendencias antiintelectuales del entorno político. En general, la administración y producción cultural requieren de personal especializado, y en el caso de México este costo se eleva por las inercias patrimonialistas que se formaron a lo largo de muchas décadas. Durante mucho tiempo, la administración cultural ha enfrentado situaciones de gran rigidez en los contratos laborales, lo que resta flexibilidad y eficiencia y genera fenómenos de extracción de rentas. La difícil operatividad del aparato implica que gran parte de los recursos destinados a la cultura se orienten al gasto corriente, particularmente en el rubro de los salarios. Una eventual gestión en favor de la eficiencia se enfrenta no sólo a intereses poderosos largamente enquistados, sino a un mayor costo político, dado el ámbito tan sensible que constituye la cultura. Por eso, la gestión en este campo requiere de un peculiar talento político para concertar intereses, generar nuevos incentivos para los trabajadores e incorporarlos, sin demérito de sus derechos, en una administración más eficiente que genere beneficios para todos.

Una política modesta. Los políticos tienden a buscar en la política cultural una rentabilidad inmediata en materias de imagen, prestigio y gobernabilidad, y estas suelen tener una orientación natural hacia las actividades de gran proyección o a favorecer grupos de presión particularmente influyentes. Sin embargo, la solidez institucional (que no es enquistamiento de una clase administrativa) puede establecer límites a estas tendencias, mediante la claridad jurídica en el estatuto y función de las instituciones culturales; la dotación de facultades y responsabilidades concretas, la transparencia operacional y administrativa y la rendición de cuentas. De cualquier manera, no deben alimentarse ilusiones excesivas: una política cultural puede preservar más eficazmente el patrimonio, utilizar más adecuadamente la infraestructura cultural, facilitar empresas culturales y promover una mayor derrama social y económica de estas actividades; sin embargo, sus potencialidades en la ingeniería social son más bien limitadas. No se puede crear un país de lectores ni se puede generar mágicamente un público masivo ávido de espectáculos culturales. Estas aspiraciones, siempre presentes en la retórica, no dependen sólo de una política cultural sino de niveles mínimos de ingreso, buena oferta educativa y formas concretas de integración social. Quizá la mayor aportación de una política cultural sea garantizar el respeto a la pluralidad y la libertad en este ámbito, mejorar las reglas del juego para agentes, creadores y empresas de la cultura, aumentar la equidad de oportunidades en materia cultural y, sobre todo, ensanchar la amplitud y la vitalidad de ese segmento del público que conforman los lectores, los asistentes al teatro, los que gozan una exposición, los que rescatan una tradición, y que constituyen una serie de núcleos críticos capaces de establecer un contrapeso a las inercias del mercado y la política. ~