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En las elecciones en Colombia nadie quiere hablar de paz

A un año y medio del histórico acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, el proceso de paz no ocupa un lugar relevante en la agenda de los candidatos presidenciales –ni en la de los votantes.

Faltan tres semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, las primeras desde la firma del Acuerdo de paz que significó el desarme de 7 mil guerrilleros de las FARC y el cierre de uno de los capítulos más sangrientos de su historia.

Han pasado 18 meses desde ese hito histórico y casi un año desde que Naciones Unidas terminó de destruir todas las armas de esa guerrilla, pero el proceso de paz es hoy un pensamiento secundario para los candidatos y para la mayoría de colombianos que votará al sucesor de Juan Manuel Santos. 

 

Un país dividido, una paz frágil

Colombia llegará profundamente fracturada a las urnas este 27 de mayo. Aunque la causa de esta polarización política no fue el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el acuerdo de paz se convirtió en el hecho político que mejor la reflejó.

Tras un plebiscito donde el “no” le ganó al “sí” por solo 64 mil votos (menos del 0.5 por ciento), hubo una renegociación que incorporó al texto la mayoría de modificaciones solicitadas por los sectores opuestos (aunque estos al final decidieron apartarse del resultado de este arduo trabajo). Todo esto significó que el acuerdo definitivo nació con un nivel bajo de legitimidad, que aún intenta remontar.

“Superar esta situación implica conseguir de nuevo un ‘nosotros’ y ganar colectivamente una nación llena de sentido para todos”, escribió el sacerdote jesuita Francisco de Roux, uno de los líderes espirituales más conocidos del país y presidente de la naciente Comisión de la Verdad creada por el acuerdo.

En el último año, sin embargo, han sido más los titulares negativos que los positivos, pese a que muchas regiones rurales del país que fueron azotadas por la violencia hoy viven más tranquilas y que la tasa de homicidios nacional se redujo a su punto más bajo en 30 años.

Aún así, al menos noventa líderes sociales han sido asesinados en ese tiempo, un recuerdo de que todavía hay grupos criminales controlando muchos territorios. “Jesús Santrich” –un histórico comandante de las FARC odiado por su arrogancia y recién electo al Congreso– fue arrestado luego de que se hizo público un video en el que parece estar negociando con narcos mexicanos el envío de un cargamento de cocaína, una clara violación del acuerdo de paz que muy probablemente le costará su escaño en el Senado. Y, en un hecho no relacionado, una sanguinaria disidencia de las FARC asesinó a tres periodistas ecuatorianos hace tres semanas.

A eso se suma que la mayoría de los colombianos aún no han visto las bondades del acuerdo de paz. La implementación de lo acordado aún no se ve, con las inversiones prometidas para el campo y las víctimas aún en el tintero. El sistema de justicia transicional, con la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Paz el centro, apenas están empezando a operar y faltan meses para empezar a ver sus resultados.

La frustración con la falta de planeación del posconflicto es tan evidente que hace un mes las embajadas de Noruega, Suecia y Suiza enviaron una carta al gobierno Santos, preocupadas por la baja ejecución de los 200 millones de dólares que donaron sus países. La sustitución de coca avanza muy lentamente, en un ambiente tenso y plagado de acusaciones debido a que –paradójicamente– durante el proceso de paz los cultivos de uso ilícito subieron de su pico histórico más bajo al más alto, según el censo anual que hace Naciones Unidas.

Este ambiente tóxico –sumado a un fuerte pesimismo nacional, una oleada sin precedentes de migrantes desde Venezuela y un debate político que gira en torno a si Colombia podría seguir los pasos del vecino país en caso de elegir a un presidente de izquierda– ha impedido ver algunos logros impresionantes. Por ejemplo, el desminado humanitario avanza muy rápidamente y ha logrado declarar a 188 municipios libres de sospecha de minas antipersonal, un flagelo que convirtió a Colombia en el segundo país con mayor número de víctimas en el mundo. O la misma dejación de armas de más de 7 mil guerrilleros de las FARC, que se logró en apenas siete meses, comparados con los siete años que le tomó a Irlanda del Norte completar el desarme del IRA.

 

La paz, ausente del debate electoral 

Por muchos años la guerra –y, de manera especial, las FARC– fueron la principal preocupación de los colombianos, el factor que marcaba el fracaso de un presidente (Andrés Pastrana) o el que aupaba a otro (Álvaro Uribe).

Las cosas han cambiado ahora que las temidas FARC no son una guerrilla, sino un partido político que guardó desafiantemente las mismas siglas pero cambió su nombre a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. (No solo sufrieron una estruendosa paliza en las elecciones al Congreso, como contó Letras Libres, sino que su líder Rodrigo Londoño –más conocido por los colombianos bajo su viejo nombre de guerra “Timochenko”– tuvo que renunciar a ser candidato presidencial por problemas de salud).

En un país donde el conflicto armado no se siente desde hace una década, la paz está en la cola de la agenda pública. Una encuesta esta semana de Invamer Gallup mostró que implementar el acuerdo es la séptima prioridad de los colombianos, muy lejos detrás de la salud, el desempleo, la educación, la inseguridad y la pobreza. Es decir, los temas que típicamente expresan las preocupaciones de una sociedad de clase media y urbana.

El top de esa lista, sin embargo, lo ocupa la corrupción. Es el resultado de un cúmulo de escándalos que involucran a las más altas esferas del poder, desde magistrados de altas cortes que “monetizaban” sus fallos hasta la corrupta multinacional brasilera Odebrecht, que giró recursos por debajo de la mesa a las dos campañas presidenciales que llegaron a la segunda vuelta en 2014. 

Pero, a diferencia de Perú, donde el caso Odebrecht puso a tres expresidentes en serios líos judiciales, en Colombia languidecieron las investigaciones en torno a las campañas del reelecto Santos y de Óscar Iván Zuluaga, el anterior “sucesor designado” del expresidente Uribe. 

El resultado es una oleada de indignación, que los candidatos están capitalizando para desmarcarse de sus rivales. El puntero Iván Duque –que es el nuevo sucesor elegido de Uribe y está intentando aglutinar a todo el voto de derecha– la usa para criticar a los dos candidatos que trabajaron en el gobierno Santos.

Gustavo Petro –el exalcalde bogotano de izquierda que aparece segundo en los sondeos y que es hijo de otro exitoso proceso de paz, con la guerrilla del M-19 en 1990– martillea, un poco a lo Bernie Sanders, la idea de que los gobiernos de Uribe y Santos han estado plagados por escándalos de corrupción.

Sergio Fajardo, el exprofesor universitario que fue alcalde de Medellín y es tercero en las encuestas, intenta colarse por el centro con su mantra de que el antídoto a la corrupción es la inversión masiva en educación.

Casi todos coinciden en ese diagnóstico, salvo Humberto de la Calle –que fue el jefe negociador del Gobierno en La Habana y convirtió la paz en el centro de su campaña–, que está hundido en las encuestas.

“El orden de prioridades era acabar la guerra porque el daño humano, moral y económico que genera es infinito. Ahora la prioridad es derrotar la corrupción, que es un cuello de botella más duro que derrotar a las FARC”, dice la senadora Claudia López, que es la fórmula vicepresidencial de Fajardo.

 

¿Una segunda vuelta puede salvar la paz?

Paradójicamente, la desaparición de la paz del debate público podría terminar ayudándole. Incluso los candidatos más opuestos al proceso de paz están procurando mostrarse más moderados, a sabiendas de que los resultados del 27 de mayo pueden cambiar en la segunda vuelta el 17 de junio.

Iván Duque –que cuestionó desde el Congreso la elegibilidad política de los excomandantes de las FARC y la legitimidad del nuevo tribunal de justicia transicional– está prometiendo en todas partes que “no hará trizas el acuerdo” y apelando a los votantes de centro, a sabiendas de que en una segunda vuelta necesitaría a sectores ciudadanos que defienden el acuerdo.

Mientras tanto, Germán Vargas Lleras –el exvicepresidente de Santos que era el favorito sobre el papel y ahora aparece cuarto– protagonizó una doble voltereta política en menos de seis meses, pasando de pelearse con su antiguo jefe y criticar fuertemente el acuerdo para cotizarse entre la derecha, a defenderlo ahora con ahínco para llegar a la segunda vuelta.

Este escenario podría favorecer –pese a la fuerte polarización- ciertos consensos políticos que impidan echar reversa a los mayores logros del proceso de paz, comenzando por el desarme de las FARC o las políticas públicas para reparar a las 8.4 millones de víctimas del país.

Quizás pueda pavimentar el camino para un nuevo acuerdo que logre reunir en un futuro cercano a todo el espectro político. E incluso llevar a un desenlace como el de Irlanda del Norte, donde el Acuerdo de San Andrés de 2006 logró sumar nuevos sectores políticos al de Viernes Santo, de ocho años antes y, con ello, apuntalar la paz en el país.

Como plantea Rodrigo Uprimny, uno de los juristas más reconocidos del país, “si no logramos ganar políticamente la paz, la paz está perdida”.