artículo no publicado

El cambio generacional en Cuba

La elección de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba podría significar el regreso de una vida política en la que los conflictos de la élite se vuelvan más o menos transparentes para la ciudadanía y estimulen su participación en la vida pública.

Durante la sucesión de poderes entre Fidel Castro y Raúl Castro, en Cuba, entre 2006 y 2009, se produjo un fenómeno que los medios de comunicación y el campo académico de las ciencias sociales captaron con bastante nitidez. Para poder gobernar, Raúl Castro necesitaba recuperar el control que su hermano ejercía de manera unipersonal, aunque auxiliado por un grupo de líderes jóvenes al que purgaba y renovaba cíclicamente desde los años 80.

Ese grupo, originalmente llamado “Grupo de Apoyo”, hacía eso: apoyaba al Comandante en su dirección voluntarista de casi todas las áreas de la política nacional. Raúl Castro eliminó dicha estructura paralela y removió a las principales figuras de la nueva generación, nacida alrededor del año 1959, que habían alcanzado posiciones importantes en los Consejos de Estado y de Ministros. Además suprimió el Ministerio de la Batalla de Ideas, encabezado por otros dirigentes, más jóvenes aún, nacidos en los años 70 y 80. 

El primer efecto de aquella purga fue una concentración del poder en la generación histórica y, específicamente, en su rama militar: Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés, Julio Casas Regueiro, Leopoldo Cintra Frías, Ulises Rosales del Toro… A la vez, desde ese primer gobierno de Raúl se promovió al Consejo de Ministros a miembros civiles de la nueva generación: el entonces ministro de Educación Superior Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez, el ministro de Economía Marino Murillo o el de Comercio Exterior Rodrigo Malmierca.

En el tránsito del primero al segundo gobierno, Castro decidió elevar al rango de primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros a Díaz-Canel, una posición que él siempre había ocupado bajo su hermano mayor y que lo colocaba a la cabeza de la línea de sucesión. Si bien el máximo liderazgo en la cúpula del poder del Estado y el partido seguía concentrado en la generación septuagenaria y octogenaria, en el Consejo de Ministros ya predominaban los más jóvenes.

Cuando hablamos de “jóvenes” o de “nueva generación” en el régimen cubano, nos referimos a la generación nacida poco antes o poco después de 1959, ya que el tiempo político de la isla se mide a partir de aquel año 0. A diferencia del conflicto generacional típico en cualquier país, que es el que tiene lugar cada quince años o dos décadas, en Cuba la generación de Fidel Castro, que llegó al poder rondando treinta años, se mantuvo en la cima durante más de medio siglo y apenas comienza a ceder algunos feudos de su largo reinado.

La lucha generacional ha sido una constante en la historia de Cuba, como en la de cualquier otro país latinoamericano. Durante toda la primera mitad del siglo XX, ese conflicto se resolvió por vías revolucionarias. Entre los años 20 y 30, diversas asociaciones, como el Directorio Estudiantil, el ABC o la Joven Cuba, sostenían que la vieja generación de generales de la guerra de independencia se había enquistado en el poder. El último de aquellos generales, Gerardo Machado, fue derrocado por una insurrección popular en 1933.

Veinte años después se repitió la historia. Los jóvenes de la generación de Fidel Castro, lo mismo en el Movimiento 26 de Julio que en el Directorio Revolucionario, se levantaron en armas contra un régimen autoritario, encabezado por una de las principales figuras de la Revolución anterior: Fulgencio Batista. Aquellos revolucionarios de los 50 veían a sus padres, los revolucionarios de los 30, como políticos corruptos y decadentes que, al igual que los viejos generales de la guerra del 95, eran incapaces de dar respuestas eficaces a los graves problemas sociales y políticos del país.

¿Cuándo comenzó la juventud cubana a no verse debidamente representada en el sistema político de la isla? Probablemente en los años 80, cuando gran parte de esa generación, formada en los valores del socialismo real, vio que la dirigencia cubana tomaba un rumbo diferente al de los países de Europa del Este. Desde entonces, el régimen cubano se ha resistido a la apertura de la economía de la isla, a la democratización del sistema político y a las demandas de pluralismo y libertad de la sociedad contemporánea.

La sucesión generacional en una de las ramas del poder, el Consejo de Estado y de Ministros, que es tal vez la más importante desde el punto de vista ejecutivo, llega con treinta años de retraso biológico. Eso produce un desfase y una inercia política permanentes, que impulsa a los nuevos líderes a afirmar su legitimidad, no ante la ciudadanía de la isla, sino ante el propio Estado, cuyos ancianos líderes premian la lealtad y la intransigencia de unos, mientras castigan la templanza o la traición de otros.

Vista desde una perspectiva de larga duración, en la historia de Cuba esta sucesión tiene, sin embargo, una virtud sobre las previas: no es revolucionaria. Tampoco es claramente reformista, y esa es su mayor limitación. Los miembros más jóvenes del nuevo gobierno están ahí por una “profesionalidad” que supone altas dosis de continuismo e inmutabilidad. Algunos estuvieron directamente involucrados en las reformas de 2012 a 2015, pero también han sido defensores del giro contrarreformista de los últimos años. 

Al menos en el corto plazo, no habría que esperar una vuelta enfática a la iniciativa reformista en Cuba. La sucesión de poderes será, de por sí, difícil de asimilar en una clase política acostumbrada a un rígido verticalismo, ligado a la autoridad personal de Fidel o Raúl Castro. El traspaso de mandos generará una mínima distribución del poder, en la cúpula, que podría refugiar el polo reformista en la jefatura del Estado y el gobierno y el polo contrarreformista en el Partido Comunista, donde han hibernado siempre los mayores obstáculos al cambio.

Si esto es así, lentamente veremos un regreso de la política a Cuba. No de una política democrática o pluralista, pero al menos de una, de tipo autoritario, en que los conflictos de la élite se vuelvan más o menos transparentes para la ciudadanía y estimulen la participación popular en la vida pública, no como una encomienda que baja desde la cúspide del Estado hasta la base de sus organizaciones sociales, sino como un conjunto de intereses comunes. 

Algo tan elemental como eso sería decisivo para que la sociedad civil gane autonomía y la pluralidad política real sea reconocida en las instituciones y las leyes. Desde la crisis de la democracia que se vive en buena parte del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, parecería una locura ir en sentido contrario en Cuba. Pero no habría que olvidar que, en la mayoría de los casos, los conflictos actuales de los sistemas políticos de la región –corrupción, inseguridad, desigualdad, pobreza– no provienen de la democracia misma. Mientras que en Cuba, la falta de libertades solo puede atribuirse a la adopción de un sistema antidemocrático, de raíz soviética, en 1976.